Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta), Arauca y Puerto Carreño (Vichada).
La Orinoquía colombiana —región que agrupa a Meta, Casanare, Arauca y Vichada— ha recibido miles de millones en regalías petroleras durante las últimas tres décadas. Sin embargo, gran parte de esos recursos terminaron atrapados en obras inconclusas, contratos irregulares y redes clientelares que involucraron a gobernadores, exgobernadores, alcaldes y operadores públicos.
Múltiples investigaciones judiciales han demostrado cómo dirigentes regionales forjaron alianzas con estructuras armadas ilegales, especialmente paramilitares, que distorsionaron la competencia democrática y la contratación estatal.
Casanare: medio billón en elefantes blancos
La Contraloría identificó en Casanare 32 “elefantes blancos” y 3 proyectos críticos por cerca de medio billón de pesos. El mayor símbolo del descalabro fue el acueducto de Yopal, que dejó a la capital por años sin solución definitiva de agua potable mientras se acumulaban fallas, litigios y sobrecostos.
En lo judicial, Casanare tiene varios exgobernadores con condenas por corrupción y vínculos con paramilitares, entre ellos William Pérez Espinel, Óscar Wilches y Whitman Herney Porras.
Durante más de 30 años, los partidos políticos tradicionales han mantenido un férreo control político en Casanare, consolidando clanes que se beneficiaron del desvío de regalías. Hoy, el panorama cambia con la llegada de un mandatario alternativo, César Zorro, quien enfrenta el gran reto de romper con esa herencia de corrupción.
Meta: proyectos críticos y gobernadores aliados de los ‘paras’
En el Meta se registraron 58 proyectos críticos o “elefantes blancos” por más de $280 mil millones, muchos en saneamiento básico y educación.
Uno de los casos más sonados fue el del exgobernador Edilberto Castro Rincón, condenado a 40 años de prisión por sus nexos con el Bloque Centauros de las AUC y señalado de desviar recursos en complicidad con estas estructuras.
Aquí también, los partidos políticos tradicionales han ejercido el control durante décadas, con redes clientelares que han perpetuado la corrupción en el manejo de regalías.
Arauca: poder político cooptado
El exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal fue condenado por contratación ilegal y señalado por sus vínculos con el Bloque Vencedores de Arauca. La región, altamente militarizada por la presencia de guerrillas y paramilitares, ha sido epicentro de alianzas entre políticos y actores armados que aprovecharon las regalías para perpetuar el control político.
Al igual que en otros departamentos de la Orinoquía, los partidos tradicionales han tenido el mando político absoluto, garantizando su permanencia en el poder pese a los escándalos de corrupción.
Vichada: gobernador condenado en ejercicio
En 2025 la Corte Suprema ratificó la condena contra el actual gobernador Hecson Alexys Benito Castro por peculado en la contratación de un puente en Santa Rosalía. Además de cárcel, deberá pagar una multa de 14 mil millones de pesos.
Este caso refleja cómo, en Vichada, los partidos tradicionales también han sido la fuerza dominante, dejando tras de sí una estela de corrupción y obras inconclusas que afectan directamente a la población.
¿Cuánto dinero está en juego?
Tomando solo cifras oficiales recientes:
- Casanare: $497.000 millones
- Meta: $288.000 millones
- Vichada: $13.700 millones
Total aproximado: $799.000 millones COP (unos 202 millones de dólares).
Comparaciones para dimensionar el saqueo
Con los 202 millones de dólares robados o perdidos en corrupción en los Llanos Orientales, se habría podido financiar:
- 1 Titanic moderno (costo estimado en 200 millones).
- 29 Estatuas de la Libertad (7 millones cada una).
Si se suman los 20 billones de pesos que la Contraloría calcula en riesgo por obras inconclusas en todo el país, las equivalencias serían aún más escandalosas:
- 25 Titanics.
- Más de 900 Estatuas de la Libertad.
Regalías sin transformación social
Aunque esta región ha sido una de las mayores beneficiarias de regalías petroleras en Colombia, los resultados sociales no corresponden a la magnitud de los recursos recibidos. La riqueza extraída de los Llanos Orientales se diluyó en redes de corrupción, obras inconclusas y clientelismo bajo el mando de partidos tradicionales, dejando a los pueblos llaneros sin hospitales adecuados, vías seguras ni agua potable estable.