El movimiento Todos por la Salud ha expresado su profunda insatisfacción tras la conclusión de las recientes mesas técnicas convocadas para revisar el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este espacio fue convocado en cumplimiento del Auto 007 de 2025, emitido por la Corte Constitucional, que ordenó revisar los rezagos acumulados en la UPC para las vigencias de 2021, 2022 y 2023, además de establecer ajustes para 2024 y actualizar la metodología de cálculo hacia adelante.
La mesa técnica reunió a una amplia representación del sector: funcionarios de los ministerios de Salud y Hacienda, el DNP, la Superintendencia Nacional de Salud, la Adres, entes de control, prestadores, aseguradores, gremios, asociaciones científicas, academia y organizaciones de pacientes. A pesar de la diversidad de voces y experiencias, los participantes concluyeron que la UPC sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades del sistema.
Aunque existe consenso entre actores técnicos, gremiales y comunitarios sobre la insuficiencia de los recursos asignados, el Ministerio de Salud se ha negado a reconocer esta realidad. Esto ha obstaculizado el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte, lo que motivó que Todos por la Salud hiciera un llamado a la Corte Constitucional para que exija al Ministerio la adopción de medidas concretas frente al indicador.
El movimiento advirtió que una UPC insuficiente no solo restringe el acceso a servicios médicos sino que pone en riesgo vidas, ya que genera barreras reales para pacientes que no pueden recibir atención oportuna.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación también se pronunció, recordando que las decisiones emitidas por la Corte tienen carácter de cosa juzgada y deben cumplirse sin dilaciones.
Entre los temas centrales tratados en estas mesas técnicas estuvieron:
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El rezago estructural en la UPC desde 2021.
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El aumento de la siniestralidad y su impacto presupuestal.
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La incorporación de nuevas tecnologías y prestaciones al plan de beneficios.
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Los ajustes poblacionales y territoriales que influyen en los costos de atención.
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El diseño de mecanismos ex post para reconocer eventualidades financieras una vez cerrada la vigencia.
En el plano técnico, el Ministerio ha señalado que el proceso de ajuste para 2025 se basa en criterios técnicos y no políticos. Asegura que se ha cumplido lo dispuesto por la Corte, pero ha cuestionado la claridad, calidad y entrega de la información por parte de algunas EPS, lo que ha dificultado la definición definitiva del ajuste necesario.
En ese sentido, organizaciones como Afidro han insistido en que el sistema enfrenta crecientes presiones financieras. Aunque las mesas han concluido, el llamado es a que el siguiente paso —la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas— analice los insumos recopilados y defina si procede un reajuste técnico, transparente y participativo