Bogotá, septiembre de 2025
El histórico aumento en las incautaciones de cocaína en Colombia —que pasaron de 671 toneladas en 2022 a 889 toneladas en 2024, con 601 toneladas ya decomisadas a agosto de 2025— ha puesto bajo la lupa la política antidrogas de Estados Unidos. Aunque Washington sigue siendo el mayor socio financiero y logístico en esta lucha, voces académicas y políticas coinciden en que su estrategia presenta fallas estructurales que limitan el impacto real sobre el narcotráfico.
Una estrategia centrada en la oferta
Analistas sostienen que, durante décadas, EE. UU. ha enfocado sus esfuerzos en reducir la oferta mediante erradicación forzada y fumigaciones aéreas, sin atacar con la misma contundencia los factores que sostienen la demanda interna ni los flujos financieros de los carteles.
“El récord de incautaciones en Colombia demuestra que el país está cumpliendo, pero si los mercados consumidores siguen intactos, los incentivos criminales permanecen”, explica Laura Rojas, experta en seguridad y políticas públicas.
Desconexión con los contextos locales
Los críticos también señalan que las presiones de Washington para acelerar la erradicación han generado tensiones con comunidades rurales. En regiones productoras, las economías ilegales surgen como única alternativa ante la falta de inversión sostenida. Sin soluciones integrales —carreteras, créditos, mercados lícitos— la erradicación se convierte en un ciclo que empuja a los campesinos a sembrar de nuevo.
Finanzas criminales, el eslabón débil
Mientras Colombia concentra esfuerzos en interdicción y control marítimo, en EE. UU. persisten vacíos en la persecución de los lavadores de dinero y redes logísticas que blanquean miles de millones de dólares anuales. Para especialistas, cualquier estrategia efectiva debe cerrar el grifo financiero que alimenta a los carteles, algo que avanza más lento que las operaciones en selvas y costas.
Una cooperación que necesita ajustes
Funcionarios colombianos reconocen la importancia de la ayuda estadounidense, pero piden una cooperación más equilibrada: apoyo a la sustitución voluntaria de cultivos, fortalecimiento judicial y políticas de prevención en el consumo, especialmente en ciudades estadounidenses donde la cocaína y el fentanilo siguen ganando terreno.
Conclusión
El récord de incautaciones alcanzado por Colombia en los últimos tres años evidencia la capacidad operativa del Estado, pero también expone las limitaciones de un enfoque que prioriza la represión sin transformar los factores estructurales del negocio. Si EE. UU. no revisa a fondo su estrategia —ampliando esfuerzos hacia la demanda, la prevención y el lavado de activos—, los logros colombianos podrían diluirse en un mercado global que sigue creciendo.
“La guerra contra las drogas necesita menos discursos y más soluciones sostenibles”, concluyen los expertos, advirtiendo que sin cambios de fondo en Washington, los récords de incautación serán solo la punta visible de un problema mucho más profundo.