Nariño, 4 de septiembre de 2025 – 10:01 a. m.
Mauricio de la Rosa
Más de 3.000 indígenas del resguardo de Guachucal, en Nariño, participaron en una asamblea masiva para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento en la entrega de predios prometidos desde años atrás. La concentración se realizó en las fincas San Jaime y Santa Ana, en medio de bajas temperaturas y lluvias, pero con un mensaje unificado: la necesidad urgente de avanzar en procesos de titulación y compra de tierras.
Los líderes del resguardo señalaron que, a pesar de los anuncios de entrega de tierras en distintas regiones del país, los pueblos Pastos y Quillasingas en Nariño no han recibido soluciones concretas. Según lo expresado, algunos predios ofertados a la Agencia Nacional de Tierras llevan más de ocho años sin respuesta, como el caso de la finca La Merced, presentada desde 2017. Otros terrenos ofertados hace dos años tampoco han tenido avances significativos.
Héctor Fidencio Termal Cuastumal, gobernador del resguardo indígena, recalcó que el objetivo principal de la reunión fue obtener compromisos claros y efectivos de la Agencia Nacional de Tierras. Denunció la falta de agilidad en los procesos, lo que mantiene a varias familias sin acceso a tierras necesarias para garantizar su sustento y la preservación de sus comunidades.
En el encuentro, los voceros indígenas advirtieron que, si el Gobierno no cumple con lo pactado, se verán obligados a acudir a vías de hecho como bloqueos de vías principales y manifestaciones permanentes. “No queremos violencia, pero si el Gobierno no actúa con rapidez, lo que ocurra será responsabilidad de las instituciones”, advirtieron.
El Gobierno Nacional, por su parte, hizo presencia en la asamblea y aseguró que está trabajando para dar soluciones, aunque reconoció que los procesos administrativos han sido más lentos de lo esperado. En representación oficial, se expresó la disposición de mantener el diálogo abierto, buscando salidas que eviten la confrontación y fortalezcan la confianza entre comunidades y Estado.
La situación en Guachucal refleja un problema de fondo en la política de tierras en Colombia: la dificultad de materializar acuerdos y la lentitud en los trámites. Este caso se convierte en un llamado de atención para acelerar los procesos, especialmente en territorios donde las comunidades dependen del acceso a predios para su desarrollo cultural, económico y social.