Por Actualidad Criolla
Fecha: 13 de septiembre de 2025
Un modelo que drena los recursos de la salud pública
Imagina una empresa de comida rápida con varios puntos de venta en toda una ciudad. Cada local tiene su propio supervisor, y el dueño asume todos los costos: salarios, insumos, logística y traslados. Sin embargo, después de años de trabajo, descubre que los supervisores han recibido anticipos equivalentes a seis meses de gastos, pero los empleados protestan porque no les pagan y los proveedores reclaman deudas de más de un año. Los clientes, por su parte, denuncian pedidos incompletos o que nunca llegan.
Este ejemplo ilustra, en términos sencillos, cómo opera uno de los mayores problemas del sistema de salud en Colombia: el manejo de los recursos por parte de muchas Entidades Promotoras de Salud (EPS).
La realidad detrás del servicio
Miles de empleados de hospitales, proveedores de medicamentos y dueños de IPS enfrentan retrasos en los pagos, mientras los usuarios soportan largas filas, citas demoradas y tratamientos suspendidos. En paralelo, algunos dueños de EPS desvían el dinero público a propiedades personales, dejando a las empresas sin liquidez y, en ocasiones, declarándolas en bancarrota.
La práctica más alarmante es que, tras declarar la quiebra, estos empresarios suelen crear nuevas EPS para seguir en el negocio, dejando atrás deudas millonarias con trabajadores, contratistas y el propio sistema de salud.
Un sistema que pide reformas urgentes
El problema no es nuevo. Durante años, expertos y organismos de control han denunciado la falta de vigilancia efectiva y las grietas normativas que permiten que estos ciclos de desfalco se repitan. Aunque algunos procesos judiciales han terminado en sanciones o liquidaciones, los usuarios siguen siendo los grandes perjudicados: pacientes que no reciben medicamentos, cirugías canceladas y familias que pierden la confianza en el sistema.
La salud, un derecho fundamental, continúa atrapada en una red de intereses económicos y vacíos de control estatal. Sin cambios profundos, el modelo seguirá beneficiando a unos pocos mientras desangra el patrimonio público y afecta a millones de colombianos.
Conclusión
Detrás de las cifras de incumplimientos y las quejas diarias de pacientes, hay un esquema que, con nombres distintos, se mantiene vivo. El llamado es a la ciudadanía, los entes de control y el Gobierno para exigir transparencia y vigilancia real sobre quienes administran los recursos destinados a la salud.