En una decisión sin precedentes, la Corte Constitucional ratificó la entrada en vigor de la Ley “No Más Olé” (Ley 2385 de 2024), que no solo prohíbe las corridas de toros a partir de 2027, sino que también elimina las excepciones que permitían prácticas como las corralejas, el coleo y las peleas de gallos. La Corte otorgó un plazo de tres años para que estas actividades sean eliminadas del calendario cultural, período durante el cual se deben implementar programas de reconversión laboral y cultural para quienes dependen de estas expresiones populares (corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, corralejas, coleo y pelea de gallos).
Desde Cartagena, Jorge Alberto De la Hoz Albán —renombrado criador y líder del gremio gallero en el Caribe— calificó la decisión como una “masacre cultural y laboral”. Desde su criadero en Barranquilla, y como socio fundador del club gallístico Asogaquilla y propietario del criadero Playamar Agrocampo, él defendió apasionadamente la gallística como parte del patrimonio cultural del Caribe y de América. De La Hoz sostiene que los “gallos finos” compiten por instinto natural y han sido protegidos por generaciones de criadores: “de no ser por nosotros, hace rato se hubieran extinguido”.
La gallística en Colombia moviliza a millones de aves —se habla de cerca de 8 millones— y no solo representa una práctica cultural, sino un sistema económico y social que abarca desde criadores hasta prestadores de servicios. De la Hoz ha destacado que estas prácticas generan una cadena productiva significativa que incluye transporte, hostelería, gastronomía, seguridad y logística, movilizando ecosistemas económicos que van “desde el vendedor ambulante hasta un senador de la República”.
Otros representantes del gremio, como los líderes en el Valle del Cauca, también han mostrado su preocupación por el impacto sobre las familias vinculadas a la gallística. Argumentan que la prohibición pondrá en riesgo la economía rural y aumentará la pobreza, ante la dificultad de reconversión basada en habilidades específicas y bodas ancestrales.
La Corte, por su parte, subrayó que la medida no atenta contra el patrimonio cultural, ya que se centró en priorizar los derechos de los animales. Asimismo, dispuso crear una comisión interinstitucional liderada por el Ministerio del Trabajo, y con participación de los ministerios de Cultura, Agricultura y Comercio, para diseñar programas de reconversión eficaces durante el periodo de transición