Bogotá, 16 de septiembre de 2025
Durante años, miles de jóvenes colombianos —en su mayoría campesinos, de familias humildes, con pocas oportunidades de estudio o trabajo— vieron en el servicio militar obligatorio la única salida para subsistir. Sin embargo, lo que encontraban era un escenario duro: bonificaciones de apenas $15.000 a $80.000 mensuales, raciones escasas y, en ocasiones, alimentos en mal estado.

Muchos recuerdan que, en sus descansos, debían mendigar dinero para el transporte, pues lo que ganaban no alcanzaba ni para regresar a casa. Otros admiten que, para no pasar hambre, llegaron a cazar o hurtar animales de granja en zonas rurales donde estaban acantonados.

Ese panorama empezó a cambiar lentamente con la fijación de un porcentaje del salario mínimo en 2017 (30 %). En 2023 subió al 50 %, en 2025 llegó al 70 %, y gracias a la Ley 2384 de 2024, el próximo año los conscriptos recibirán un salario mínimo completo. La mejora no solo es económica: los menús en batallones se han transformado con raciones balanceadas, frutas frescas, proteínas suficientes y controles de calidad que antes parecían impensables.

“Esta es una reparación histórica para quienes han defendido el país con las manos vacías”, señaló el presidente Gustavo Petro, al anunciar que desde 2026 “ningún joven que vista el uniforme volverá a pasar hambre ni a trabajar sin la remuneración que merece”.

Organizaciones sociales han celebrado la decisión, destacando que dignificar el servicio militar reduce la vulnerabilidad frente a prácticas como el reclutamiento irregular y fortalece el sentido de pertenencia de los uniformados.

El salto es gigantesco: de los $62.937 de 2006 o los $101.727 de 2016, a más de $1,4 millones proyectados para 2026. Una política que convierte lo que antes era un sacrificio silencioso en un servicio reconocido y respetado, con salarios justos, alimentación digna y transporte asegurado para que los soldados puedan volver a sus hogares con tranquilidad.

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