Bogotá. – En el plazo de seis años, el monto reclamado en litigios contra el Estado colombiano se ha disparado en cerca de $326 billones, despertando preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la gestión jurídica del Estado. Este incremento es parte de un panorama judicial que exige atención urgente.
Hasta junio de 2025, los procesos activos sumaban casi 28.700; un saldo preocupante si se compara con el promedio de 13.300 casos entre 2015 y 2020. El punto más crítico se registró en 2024 con alrededor de 70.000 casos activos, casi el triple de la cifra registrada a inicios de la década.
A este escenario se suma la dimensión del litigio arbitral. A nivel nacional, los casos pasaron de 34 a 49, con reclamos que alcanzan los $5,5 billones. En lo que respecta a controversias internacionales, 16 procesos permanecen activos, con pretensiones que suman unos $60 billones.
Estos montos millonarios plantean un reto para las arcas públicas y la capacidad del Estado de responder efectivamente a sus obligaciones judiciales. Esa situación ha extendido las alarmas también hacia megaproyectos de infraestructura que enfrentan demandas millonarias. Por ejemplo, el caso del proyecto Perimetral de Oriente generó un fallo arbitral que implica para el Estado una indemnización cercana a $1,3 billones; pero considerando la totalidad de procesos arbitrales en curso, el monto podría superar los $13 billones.
En contraste, la intervención de las entidades defensoras del Estado ha permitido ahorrar miles de millones. En periodos recientes, se han evitado pérdidas por valor de más de $66 billones, a través de la representación jurídica en casos complejos.
Este panorama sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención del daño antijurídico. La gestión efectiva de la defensa del Estado no solo reduce riesgos, sino que también protege recursos esenciales para la inversión pública, prioritaria para el bienestar colectivo.