Bogotá, 16 de septiembre de 2025.
En Colombia, toda riqueza que se encuentre desde el nivel cero del suelo hacia abajo —petróleo, gas, carbón, oro, esmeraldas, sal, arenas y otros minerales— pertenece al Estado. Esta norma, establecida en la Constitución de 1991 y en el Código de Minas, define que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad de la Nación, sin importar quién sea el dueño de la superficie.
📜 Origen y fundamento legal
La figura tiene raíces en disposiciones de comienzos del siglo XX, consolidadas en la Constitución de 1991. El principio busca que los recursos estratégicos sean bienes colectivos, administrados en nombre de todos los ciudadanos, y que sus utilidades se traduzcan en obras, programas sociales y desarrollo económico.
El Estado, a través de entidades como la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, concede licencias o contratos de exploración y explotación a empresas privadas o mixtas, que pagan regalías, impuestos y cánones.
🌎 Comparación internacional
Colombia se diferencia de naciones como Estados Unidos, Canadá o Australia, donde los propietarios de tierras pueden adquirir derechos sobre lo que haya debajo del terreno, incluyendo petróleo, gas o minerales. Ese modelo fomenta la inversión privada directa, pero también genera desigualdad y conflictos ambientales, pues quienes poseen grandes extensiones concentran enormes beneficios.
En cambio, el esquema colombiano pretende que la riqueza se redistribuya, aunque enfrenta retos relacionados con la transparencia y la corrupción en el manejo de regalías.
🏞️ Impacto social y ambiental
El hecho de que el Estado sea dueño del subsuelo no elimina los conflictos en torno a su explotación. Comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas reclaman mayor participación en las decisiones sobre proyectos mineros y petroleros, así como en la distribución de los beneficios.
Organizaciones sociales insisten en que la consulta previa debe fortalecerse y que los ingresos por regalías deben destinarse de manera equitativa, priorizando infraestructura, educación, salud y programas ambientales.
También subrayan la necesidad de controlar los impactos ambientales: deforestación, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones a ecosistemas frágiles siguen siendo riesgos asociados a la extracción de recursos.
💰 Economía y regalías
La propiedad estatal del subsuelo ha permitido que el país obtenga ingresos importantes por la vía de regalías e impuestos. Estos recursos financian carreteras, hospitales, escuelas y proyectos productivos en departamentos productores y no productores. Sin embargo, informes de auditoría revelan que parte de estos fondos se pierde en corrupción o proyectos inconclusos, lo que debilita la confianza ciudadana.
El Gobierno ha impulsado reformas para mejorar el control y uso eficiente de las regalías, buscando que cada peso proveniente del petróleo, gas o minerales llegue efectivamente a las regiones y contribuya al desarrollo sostenible.
🔍 Debate actual y retos futuros
El descubrimiento de nuevas reservas de cobre, litio y otros minerales estratégicos para la transición energética ha renovado el debate sobre cómo administrar la propiedad del subsuelo. Expertos proponen que los contratos de exploración y explotación incluyan cláusulas más estrictas sobre sostenibilidad, responsabilidad social y respeto por los derechos colectivos.
La discusión también abarca la necesidad de diversificar la economía: aunque los recursos naturales representan una fuente vital de ingresos, depender en exceso de ellos puede exponer al país a crisis cuando los precios internacionales caen.
📌 Conclusión
La regla que convierte el subsuelo en patrimonio del Estado busca equilibrar soberanía, equidad y aprovechamiento responsable de los recursos. Pero su éxito depende de que las instituciones garanticen transparencia, respeto ambiental y participación comunitaria, asegurando que cada riqueza oculta bajo la tierra se traduzca en bienestar para todos los colombianos.